El retiro de visas de EE.UU. a políticos mexicanos; casos bajo sospecha
En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la revocación de visas a políticos mexicanos, generando controversia y especulaciones sobre los motivos detrás de estas medidas. Según reportes recientes, las autoridades estadounidenses estarían actuando en el marco de investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, lo que ha desatado un debate sobre una supuesta “cacería” de funcionarios mexicanos.
Uno de los casos más destacados es el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California por Morena, y su esposo, Carlos Torres Torres, a quienes se les revocó su visa de turista el pasado 10 de mayo. La mandataria afirmó que la decisión fue una “medida administrativa” sin acusaciones formales, mientras que Torres señaló que se trata de una disposición interna del Departamento de Estado.
Otro caso relevante es el de José Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros por Morena, a quien se le canceló la visa en abril tras ser interrogado por el FBI y la DEA. Granados está vinculado al “huachicol fiscal” y presuntos lazos con el Cártel del Golfo, según publicaciones en X y medios locales. Este incidente marcó el inicio de lo que algunos analistas han denominado una “lista negra” de políticos mexicanos, atribuida al senador estadounidense Marco Rubio, aunque no se ha confirmado oficialmente su existencia.
Fuentes periodísticas, como la columna de Mario Maldonado y reportes del Daily Mail citados en redes sociales, han mencionado a otros políticos presuntamente en la mira de EE.UU., incluyendo a Adán Augusto López, Clara Luz Flores, Alfredo Ramírez Bedolla, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Layda Sansores. Estos nombres, en su mayoría ligados a Morena, han sido señalados por supuestas prácticas corruptas o asociaciones con grupos delictivos, aunque las acusaciones carecen de confirmación oficial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido al gobierno de EE.UU. que explique las razones detrás de estas revocaciones, destacando que México no ha sido notificado formalmente. “Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas”, afirmó en su conferencia matutina del 12 de mayo. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México ha mantenido silencio, limitándose a declarar que no puede comentar sobre casos individuales debido a la privacidad de los registros.
El retiro de visas ha sido interpretado por algunos como una estrategia del gobierno de Donald Trump para presionar a México en temas de seguridad y migración, especialmente tras su regreso a la presidencia. Analistas como Salvador García Soto apuntan a una lista de 44 políticos mexicanos, muchos vinculados al “huachicol fiscal” y al contrabando de combustible, aunque la información sigue siendo especulativa.
Organizaciones como Morena han rechazado las acusaciones, calificándolas de ataques políticos, mientras que en redes sociales, usuarios y periodistas han avivado el debate, señalando que las revocaciones podrían intensificarse en los próximos meses. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles adicionales, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
