Declara Sheinbaum prioridad nacional caso Teuchitlán
Claudia Sheinbaum, declaró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional, una medida impulsada por el reciente caso de Teuchitlán, Jalisco. En este municipio, autoridades descubrieron restos humanos que podrían estar relacionados con múltiples víctimas, un hallazgo que ha conmocionado al país y reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones. Sheinbaum subrayó que el gobierno federal no escatimará recursos para dar respuestas a las familias afectadas, prometiendo una estrategia renovada para enfrentar este problema estructural.
El caso de Teuchitlán se suma a los más de 110,000 casos de personas desaparecidas registrados oficialmente en México, una cifra que organizaciones civiles consideran subestimada. En este contexto, el descubrimiento de fosas clandestinas en Jalisco ha puesto en evidencia la persistencia de la violencia y la impunidad en regiones controladas por el crimen organizado. Las autoridades locales, en colaboración con la Guardia Nacional, han intensificado las labores de búsqueda en el área, utilizando tecnología como drones y georradares para localizar más restos y posibles pistas.
La declaración de Sheinbaum llega en un momento crítico, cuando la presión de colectivos de familiares y organismos internacionales ha alcanzado niveles récord. Durante su discurso, la mandataria destacó la creación de una comisión especial para coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y acelerar las investigaciones. Además, se contempla la implementación de un sistema nacional de identificación forense para agilizar el reconocimiento de víctimas, un paso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra esta crisis.
Sin embargo, las promesas del gobierno enfrentan escepticismo por parte de algunos sectores. Activistas señalan que, pese a los anuncios, la falta de resultados concretos en casos anteriores genera desconfianza. En Teuchitlán, los habitantes han expresado su temor y frustración, exigiendo no solo la identificación de los restos, sino también justicia para los responsables de estos crímenes, que en muchos casos están ligados a cárteles de la droga y a la corrupción institucional.
Finalmente, el caso de Teuchitlán podría convertirse en un punto de inflexión para la política de seguridad y derechos humanos en México. La atención mediática y la respuesta gubernamental sugieren un intento por visibilizar y atacar de raíz el problema de las desapariciones forzadas. No obstante, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para romper el ciclo de violencia e impunidad que ha marcado al país durante décadas.
